En la acordada 31, firmada por los cuatro ministros, se acepta dar curso a la jura de los diputados del Frente de Todos, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, así como al representante del PRO Álvaro González y a la radical Roxana Reyes, pero deja en suspenso la jura de los senadores.
«Tales designaciones -explicó la acordada- se encuentran a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento».
Sin mayor lugar para la interpretación, la Corte puso una objeción tácita, aunque sin nombrarlo, al senador Doñate que fue ratificado como representante al Consejo por el voto unánime de todo el oficialismo y sus aliados.
Previendo la batalla por venir, a título informativo, en el punto 2 de la acordada la Corte aclaró que la ley «pone en cabeza del señor Presidente del Tribunal (hoy Horacio Rosatti) recibir el juramento de ley a las personas nombradas, acto por el cual el miembro designado se incorpora al mencionado órgano constitucional».
La aclaración no es menor: sin juramento no hay asunción válida al Consejo y esa es la carta ganadora de la Corte en la pulseada ya instalada entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo por la representación en el órgano que elige y remueve jueces.
El Consejo de la Magistratura y su equilibrio entre miembros técnicos y políticos fue uno de los ejes de gestión que planteó Rosatti cuando asumió la presidencia de la Corte, en octubre del año pasado.
Pocos meses después de sentarse en el sillón de la presidencia, Rosatti impulsó que la Corte se hiciera eco de un antiguo planteo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para que se reconsideraran las proporciones de miembros políticos (diputados y senadores) y técnicos (jueces, abogados y académicos) en el Consejo.
En diciembre del año pasado la Corte falló que la reforma que introdujo el Senado en 2006, bajando la cantidad de miembros de 20 a 13 y sacando al presidente de la Corte de la presidencia, era inconstitucional y retrotrajo todo a la antigua conformación.
La decisión de la Corte fue leída en el Poder Legislativo como una movida para controlar el Consejo de la Magistratura por parte de Rosatti y el resto de los ministros, pero acataron el fallo y eligieron a sus representantes en tiempo y forma.
Desde la Corte, el principal reproche es que en aquella declaración de inconstitucionalidad se aclaró que el formato del Consejo puede establecerse en una nueva ley pero que los legisladores han sido incapaces de generar los consensos necesarios para aprobarla.
Pero más allá de los enojos cruzados entre poderes, la Corte tendrá que fundamentar la decisión de dejarlo a Doñate afuera del Consejo y, en ese sentido, voceros informales del alto tribunal estuvieron repitiendo durante la semana que el senador Luis Juez (elegido por la oposición para el lugar de Doñate) presentó una objeción al pliego de su colega.
La presentación de Juez llegó el martes pasado, el mismo día en que juraron los once miembros técnicos por el período 2022-2026, y serviría en principio para apalancar la decisión de no hacerlo jurar.
Resta saber si la Corte dejará también en suspenso el resto de los senadores elegidos sin objeciones o si, por el contrario, jurarán tres de los cuatro representantes hasta que la Justicia defina a quién corresponde la banca restante: si a Doñate o a Juez.
El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó en primera y segunda instancia la pretensión de Juez con el argumento de que la formación de los bloques parlamentarios no es materia judiciable, pero la Corte contradijo este criterio y dijo que sí puede intervenir la Justicia.
Pero al mismo tiempo aclaró que no es ámbito de su competencia analizar los criterios políticos que los legisladores aplican para conformar las bancadas sino «cómo se deben identificar los bloques a los efectos de integrar el Consejo de la Magistratura», es decir, cuál era la configuración al momento de tener que elegir sus representantes.
El principal argumento de la Corte en este enfoque es que el bloque oficialista se dividió, de manera pragmática y para quedarse con tres de los cuatro representantes, luego de la sentencia de inconstitucionalidad del 16 de diciembre.
A esa fecha, marcó la Corte, el Frente de Todos estaba integrado por 35 senadores y el de la Unión Cívica Radical por 18, con lo cual la segunda minoría era la UCR.
Con los nuevos recursos presentados por Juez, el trámite judicial continuará hasta llegar a la Corte que, presumiblemente, volverá a votar a favor del senador cordobés, aunque sin plazos y sin un cierre visible al conflicto político que se agudizará en paralelo a las acciones judiciales.
Antecedentes
Como antecedente, en 2016, durante el primer año de gobierno de Cambiemos, varios espacios partidarios que integraban esa coalición junto a otros bloques que no eran parte de la misma conformaron una mayoría especial para colocar al diputado del PRO Pablo Tonelli como representante de la Cámara baja.
Así sumaron una banca del Consejo que había ocupado el Frente para la Victoria y que estaba vacante tras la elección de Anabela Fernández Sagasti como senadora nacional por Mendoza y, previamente, por la asunción de Eduardo «Wado» de Pedro como secretario general de la Presidencia en el último tramo de la gestión de Cristina Fernández.
Visto desde el Congreso, la posibilidad de que la Corte no acepte la incorporación de Doñate genera incertidumbre sobre el escenario que se desencadenará con la puja de poderes, lo que a juicio del consejero Héctor Recalde consolidará un «conflicto sin solución normativa, lo que significa realmente el peligro de una parálisis».
«La Corte ha avanzado, en mi criterio sin justificación alguna, sobre la incumbencia que es propia del Senado. El Senado designa si tiene bloques, interbloques, y nombra a sus representantes. Es su incumbencia pura y exclusiva», cuestionó el representante del estamento de los abogados en diálogo con Télam, y le recomendó al máximo tribunal regresar a sus competencias naturales, al dedicarle un viejo dicho popular: «Zapatero, a tus zapatos».
