Los denunciantes dijeron que se trató de una licitación irregular en la que el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) habría optado por la opción más costosa en perjuicio de las arcas estatales por 5 millones de dólares, entre otras irregularidades.
«No quedan dudas respecto de la voluntad de la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del Secretario de Coordinación Planeamiento y Formación de dicho Ministerio, Alberto Fernando Föhrig, de favorecer a las firmas ganadoras en perjuicio de la administración pública», sostiene la presentación de 26 páginas que la OA presentó ante la justicia, informaron fuentes del organismo.
También fueron denunciados, al igual que Bullrich, por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» el exjefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, y los exfuncionarios Gerardo Milman (actual diputado nacional de Juntos por el Cambio) y Fernando Alberto Fohrig.
En ese escrito, en el que se detalla el paso a paso de la operación, el organismo remarcó que «las numerosas irregularidades administrativas descriptas confirman la decisión de obrar en beneficio del consorcio IAI-ELTA/Rafael Ltd. en forma rauda y expedita, despreocupándose por siquiera disimular mejor la maniobra».
Esa «maniobra», según la OA, consistió en direccionar la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a una empresa a la que Cambiemos le pagó 35 millones de dólares, 5 millones más de lo que ofrecían las demás competidoras en la licitación.
Bullrich «resolvió adquirir el millonario sistema de seguridad de fronteras a Israel Aeroespace Industries Ltd. (IAI), es decir a una de las firmas representadas por Barr Eitamar, mediante un procedimiento que exhibe las irregularidades que se describirán a continuación».
«Las conductas concretadas por Marcos Peña, Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Fernando Alberto Föhrig, en tanto, implicaron la adquisición y capacitación para utilizar aeronaves no aptas para volar en nuestro país al momento de su compra, quedarían encuadradas en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», detalló el organismo.
Para la OA, Peña, Bullrich, Milman y Föhrig, «abuso de poder mediante, se habrían excedido en la confianza otorgada o las obligaciones asumidas, violando sus deberes, y abusando de su posición».
«La acción típica entonces es la de perjudicar los intereses confiados, que en la inteligencia del mandato jurídico subyacente que origina la relación titular/administrador, implica la violación de deberes por parte del agente», se argumentó en la presentación.
En base a la investigación, «Patricia Bullrich y (el funcionario) Fernando Alberto Föhrig impulsaron y adquirieron un sistema `enlatado` sin previsión alguna de su adaptabilidad a la realidad y a la normativa vigente en el país, por razones ajenas al interés público y en perjuicio del patrimonio estatal».
Pero, además, la OA advirtió que cargan con otra «conducta objeto de reproche penal, cual es la adquisición de dos vehículos aéreos no tripulados que conforme la normativa vigente al momento de la compra, no estaban autorizados a volar en la República Argentina».
Incluso, en esa operación, el Estado le pagó a la empresa ganadora de la licitación el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de un ente cooperador.
