En una entrevista reciente en LN+, Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado) confirmó que su recomendación al presidente sería no vetar el proyecto de ley que establece la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según el funcionario, su promulgación implicaría un cambio estructural en el sistema fiscal: permitiría modificar la Ley de Coparticipación desde el Congreso, sin necesitar la ratificación unánime de las legislaturas provinciales.
Sturzenegger destacó que “este proyecto no fue impulsado por el Ejecutivo, sino por los propios gobernadores”, y tras la aprobación en el Senado, sostuvo que “si el Presidente me consulta, yo le diría: esta no la vete”. Según sus palabras, la iniciativa “cambia todo”, ya que implicaría un nuevo marco institucional para revisar la distribución de fondos entre las provincias.
Además, el ministro criticó duramente al Senado por aprobar otras leyes como el aumento de jubilaciones, la moratoria previsional o la emergencia en discapacidad. Calificó esa batería de medidas como “infantil” e “irresponsable”, ya que —dijo— serían incompatibles con el equilibrio fiscal mantenido por el Gobierno
Sturzenegger fue todavía más contundente: advirtió que esas leyes revertirían los logros recientes en la reducción de la pobreza e incluso causarían la pobreza en millones de argentinos. En su opinión, estas medidas implicarían un costo social muy alto, y vinculan directamente al peronismo con una política económica regresiva
Con respecto al proyecto de ATN, explicó que históricamente —desde la Ley Caballero Cafiero y la gestión de Alfonsín— ciertas provincias centrales quedaron protegidas frente a cambios en la coparticipación. Este mecanismo, afirmó, permitiría «abrir ese blindaje» y discutir recursos de manera más flexible dentro del Congreso, sin depender exclusivamente de cada legislatura provincial, lo que para ciertos mandatarios provinciales como José Mayans representaría un riesgo político.
Finalmente, el ministro consideró que este nuevo enfoque fiscal podría recrear la discusión sobre el federalismo en Argentina: pasar de un esquema rígido y centralizado a un diseño más dinámico aprobado por mayoría legislativa en el Congreso.
