El vínculo entre la Casa Rosada y las provincias más cercanas al Gobierno atraviesa un momento delicado. Tras semanas de rumores, el Ejecutivo convocó a los ministros de Economía provinciales al Palacio de Hacienda para presentar una nueva propuesta frente a las demandas crecientes por una distribución más justa de los recursos, que podría abrir una nueva grieta si no avanza el acuerdo.
El reclamo central de las provincias incluye una distribución automática y transparente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, destinados al mantenimiento vial. El encendido entorno político y económico convirtió esta cuestión en una verdadera «prueba de fuego» para el lazo entre Nación y provincias.
En respuesta, el Gobierno prepara una contraoferta que busca desactivar la amenaza de los mandatarios provinciales de avanzar con el proyecto de ley en el Senado. La expectativa es lograr un acuerdo político antes del martes, día en que se realizará una nueva reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con Hacienda y Economía nacional.
De no prosperar la negociación, la iniciativa provincial —avalada por varios bloques senadores— podría contar con apoyo mayoritario, poniendo en jaque la capacidad de veto del oficialismo. Legisladores advierten que, si no se consigue una salida política, será muy difícil neutralizar el nuevo mecanismo de distribución.
En la Casa Rosada consideran que una pronta solución interna es menos costosa que enfrentar el riesgo de quedarse sin control en el Senado. Así, la puja por los recursos entra en una fase definitoria, que podría tensar aún más las relaciones institucionales y definir el curso legislativo en los próximos meses.
