El Gobierno activó este martes el Consejo de Mayo, un cuerpo consultivo multisectorial presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Su objetivo es facilitar el diseño y el consenso de leyes que reflejen los cinco ejes del Pacto de Mayo, firmado en julio de 2024 entre el presidente Javier Milei y 19 gobernadores.
Participan en esta primera reunión los seis consejeros designados por decreto: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador mendocino Alfredo Cornejo; el diputado Cristian Ritondo por la Cámara Baja; la senadora Carolina Losada por el Senado; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en representación sindical; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.
El Consejo fue anunciado originalmente en mayo de 2024, tras la firma del pacto, y su misión es impulsar políticas públicas que garanticen inviolabilidad de la propiedad, equilibrio fiscal, modernización tributaria y laboral, reforma previsional y apertura económica, tal como figura en sus diez cláusulas fundacionales.
Aunque se esperaba su funcionamiento meses atrás, el paso tardío del relanzamiento puede leerse como una reacción a la profundización de tensiones entre el Gobierno y los gobernadores. Las provincias demandan mayor envío de fondos y obra pública, y recientemente avanzaron con reclamos sobre ATN y coparticipación sin diálogo previo con Nación.
Desde Balcarce 50 destacan el valor de este espacio para articular agendas legislativas en un escenario cada vez más fragmentado. Están previstas reuniones periódicas —al menos cada 30 días— para elaborar propuestas que luego serán elevadas al Congreso, en consonancia con lo establecido por el decreto reglamentario .
La UOCRA participará activamente a través de Martínez, quien cuenta con respaldo interno de la CGT. Su inclusión busca encuadrar las discusiones laborales en los términos del diálogo y la producción, evitando condicionamientos extremos sobre paritarias o derechos sindicales.
Ritondo y Losada, en tanto, representan la conexión con PRO y UCR dentro del bloque oficialista, mientras que Rappallini aportará la perspectiva empresario‑industrial sobre la reforma laboral y la competitividad económica. Cornejo, por su parte, ofrecerá el punto de vista de las provincias adheridas.
Con el vencimiento de las facultades delegadas en pocas semanas y un escenario político complejo, el Gobierno busca en este consejo un refugio institucional para avanzar con proyectos estructurales y mejorar sus márgenes de gobernabilidad.
