Lo requirió a través de un escrito firmado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy dirigido al Tribunal Oral Federal (TOF) 7, en el que reclamaron que se incorpore a la prueba la pericia realizada en el marco del expediente que tramita ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
El planteo de la defensa de la vicepresidenta tiene por objetivo incorporar prueba cuya realización le fue negada en distintas instancias, como es un peritaje que analice las escrituras atribuidas al exchofer del ministerio de Planificación Federal.
El estudio caligráfico fue realizado por orden del juez Martínez de Giorgi en el marco de un expediente iniciado por una denuncia de un empresario que dijo que su nombre había sido agregado en los cuadernos por una mano distinta a la de Centeno.
El estudio a cargo de la División Scopometría de la Policía Científica confirmó lo que planteaba el denunciante y determinó que el expolicía Jorge Bacigalupo, que tuvo bajo su custodia los cuadernos antes de que el tema llegara a la justicia, había escrito en ellos.
«Corresponde y respetuosamente solicitamos que se oficie al Juzgado N° 8 del fuero, a efectos de que remita copia de los estudios periciales antes referenciados», sostuvieron los abogados de la vicepresidenta en relación a los peritajes que se conocieron esta semana a través de noticias periodísticas.
En concreto, Beraldi y Llernovoy reclamaron que se incorporen como pruebas «la experticia practicada por la División Scopometría de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina, que determinó que Jorge Bacigalupo efectuó correcciones y sobreinscripciones en los referidos ‘cuadernos’, modificando nombres y fechas allí consignados»
También solicitaron que se requieran copias del «estudio elaborado por expertos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que estableció que en la confección de los ‘cuadernos’ peritados intervinieron distintas personas y que el lenguaje utilizado en muchos de sus pasajes no se corresponde con el propio de Centeno, lo cual evidencia que tales tramos fueron dictados por terceros».
Además, los letrados solicitaron que se incorpore la «experticia privada realizada a requerimiento del empresario Armando Loson, también incorporada al mismo proceso judicial, la cual con carácter previo había determinado la existencia de aproximadamente 1.600 alteraciones de texto en las inscripciones de los ‘cuadernos'».
