El presidente Alberto Fernández irá por la inconstitucionalidad de la reforma que aprobó ayer la Legislatura de Jujuy. Lo hizo en un breve mensaje desde la Casa Rosada, en el que no aceptó preguntas.
En el escrito que leyó, el mandatario aclaró que se trata de la postura del Gobierno nacional ante los hechos de violencia desatados en la provincia norteña en las últimas horas.
Fernández narró parte de la carta que le envió al Poder Ejecutivo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos y citó a otras organizaciones como Amnistía Internacional y Human Right Watch, que también se pronunciaron sobre los incidentes.
«Se han pronunciado de forma clara y contundente llamando al cese de la violencia estatal y garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy«, sostuvo el jefe de Estado.
El Presidente reclamó que la provincia «no sea un banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante».
«Insto de forma inmediata al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en Derechos Humanos», aseguró el jefe de Estado.
Luego del cruce a través de redes sociales con el líder del radicalismo, Fernández anunció que instruyó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Martín Soria, para que «analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma» de la carta magna de Jujuy.
Según el mandatario nacional, las reformas votadas en Jujuy «violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales».
«Por último solicito al gobierno de Jujuy, a cargo de Morales, para que convoque a las comunidades aborígenes para solucionar de inmediato la situación y a los diferentes actores que intervienen en el tema. Cuenta conmigo personalmente y con apoyo del Gobierno nacional», agregó el Presidente.
Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se habían cruzado este martes con Morales por los incidentes en la provincia de Jujuy en medio de las protestas contra la reforma constitucional.
El gobernador provincial había responsabilizado a los integrantes del Poder Ejecutivo por lo que sucedía en su territorio y los señaló como responsables de alentar la «violencia».
