«Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme, sumado al tema de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura, y la decisión del Presidente de enviar el juicio político es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo y que establece la Constitución para investigar y determinar responsabilidades», afirmó Gaillard, presidenta de la comisión de Juicio Político.
En ese sentido, la legisladora señaló que «el bloque del Frente de Todos tiene mayoría en la comisión para tramitar en la apertura del sumario para empezar a investigar».
«La investigación dura 60 días», dijo y aseguró que, en ese plazo, «se pueden llamar a los acusados y testigos para que comparezcan».
«Para la instancia del recinto falta mucho y allí se verá. Es súper importante la etapa del sumario y la investigación»
En declaraciones a El Destape Radio, Gaillard hizo referencia al anuncio realizado el domingo último por el presidente Alberto Fernández, quien anticipó que impulsará junto a los gobernadores un juicio político contra Rosatti «para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones», debido al dictado de una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre fondos para ese distrito.
Gaillard precisó que una vez que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto a la Cámara de Diputados, «se podría convocar a sesiones extraordinarias para que la comisión de Juicio Político se pueda reunir; se fija un temario; se convoca a la comisión con quórum reglamentario y se dictamina la apertura del sumario».
Luego, según explicó la diputada, «se realiza la investigación en un plazo de 60 días, tras lo cual se dictamina si surgieron responsabilidades por mayoría simple y luego se requieren dos tercios en el Senado, que juzga si destituye o no».
«Para la instancia del recinto falta mucho y allí se verá. Es súper importante la etapa del sumario y la investigación», aseveró la diputada del FdT.
Gaillard consideró que «la Corte se entrometió en las facultades que tiene el Congreso» y sostuvo que «se conocieron estos chats donde claramente hay tráfico de influencias respecto a una persona de mucha confianza del presidente del máximo tribunal».
«Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme»
«No se puede no hacer nada cuando nos enteramos que una persona de confianza del Presidente de la Corte habla con el ministro de Justicia de CABA para arreglar un fallo», aseveró la diputada del FdT.
Según la legisladora, «hay una afectación a la vida cotidiana cuando la Justicia funciona mal», aunque aclaró que «es un juicio político, no un juicio penal».
«Lo que hace es apartar del cargo a la persona responsable. Se procede a la destitución», concluyó.
