Los titulares de las bancadas que conforman el interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados presentaron este jueves en conferencia de prensa un proyecto de resolución en el que pidieron formalmente el juicio político contra el presidente Alberto Fernández por sus «amenazas púbicas» contra el fiscal Diego Luciani, quien solicitó una condena de 12 años de prisión contra Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública.
En una entrevista televisiva, el jefe de Estado había dicho que el ex fiscal Alberto Nisman «se suicidó» y que él esperaba que Luciani «no haga algo así», lo cual desató un vendaval de repudios de parte de la oposición.
La movida parlamentaria de parte de los jefes opositores, que acusa a Fernández de «mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones», ocurre en paralelo a la denuncia que radicaron diputados de la Coalición Cívica ante la Justicia contra Alberto Fernández por los delitos de amenazas y sedición.
Por sorteo, se determinó que la causa estará a cargo del juez federal Daniel Rafecas -quien había sido postulado por el presidente para el cargo de Procurador General de la Nación- y el fiscal federal Ramiro González.
«Como Poder Legislativo de la Nación, representando a este interbloque, venimos a solicitarle por la violación al artículo 109 de la Constitución Nacional, el juicio político al presidente», sostuvo el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, durante una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso.
El diputado macrista reconoció que desde Juntos por el Cambio entienden «la responsabilidad institucional que significa un pedido de juicio político por parte de la oposición, pero también entendemos lo que también esta pasando en la calle y lo que están pasando los argentinos al ver que un presidente de la Nación intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un poder que debe ser independiente».
A su turno, el jefe del bloque radical, Mario Negri, destacó que «es la primera vez» que todos los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio piden el juicio político contra el mandatario nacional.
«Queremos ubicar la máxima responsabilidad que fija la Constitución para un presidente que no cumple con lo que ordena la Carta Magna”, dijo el cordobés, y agregó: «Lo de anoche en televisión fue un mensaje con código mafioso, no es un mensaje propio de un Presidente».
El titular de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo que «el presidente de la Nación tiene que entender que vive en un Estado de Derecho» y en consecuencia «no puede intimidar al resto de los poderes públicos, no puede tratar de condicionar al resto de los poderes públicos y tiene que aceptar la decisión de la Justicia».
«Tampoco el presidente puede indultar si le toca la condena a la vicepresidenta por los delitos contra la corrupción, no solo por la interpretación que hacemos 36 de la Constitución, no se pueden indultar porque la sociedad argentina no tolera más la impunidad», enfatizó.
Por su parte, la presidenta del bloque Encuentro Federal y titular del partido GEN, Margarita Stolbizer, opinó que «el presidente se ha extralimitado violando la Constitución, entre otras cosas cuando califica o descalifica la acción de un fiscal que sólo ha hecho cumplir con su papel que es acusar en una investigación a través de todas las pruebas que recolectó después de mucho tiempo y llega a la convicción de la comisión de los delitos y la responsabilidad de la señora de Kirchner y cumple en un acto procesal, propio de cualquier juicio, del momento en el que acusa».
En cambio, el líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, consideró que Alberto Fernández «rebasó los límites tolerables, no sólo porque infringe el marco de la división de poderes, sino también por la frivolidad con la que trató el tema del magnicidio del fiscal Nisman».
Más allá del pronunciamiento público y las repercusiones que genera, lo cierto es que la oposición no tiene mayoría en la comisión de Juicio Político, por lo que no podrá sacar dictamen. Aún si lo hiciera, necesitaría juntar las dos terceras partes de los votos para remover a Alberto Fernández de su cargo, porcentaje que está muy lejos de las posibilidades reales.
Esta mañana, los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic, y el macrista Waldo Wolff, presentaron la denuncia judicial contra el presidente, en cuyo texto señalaron que los dichos de Fernández «representan una clara amenaza contra los fiscales para que no continúen con su tarea de acusación a fin de evitar que formulen cualquier otro impulso del expediente que tienen a su cargo».
Además sostuvieron que el mensaje conlleva “un claro amedrentamiento a quienes investigan delitos graves contra el poder político” dado que el Presidente es la «persona a cargo de amplios poderes formales que puede materialmente desviar».
