El nuevo esquema de redistribución de los subsidios para los servicios de electricidad, gas natural por redes y agua potable derivará en un ahorro fiscal de $47.500 millones para este año y de $455.000 millones para 2023, de acuerdo con el impacto de la reducción gradual del aporte del Estado a los consumidores que presentó hoy la secretaria de Energía, Flavia Royón.
«Estimamos un ahorro fiscal de $47.500 para este año, que en el total anualizado representa un total de $455.000 millones para el 2023», señaló Royón durante una conferencia de prensa que se extendió por espacio de una hora y media en el Palacio de Hacienda.
La secretaria de Energía formuló estas precisiones junto al secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal;el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti; la subsecretaria de Planificación, Celicia Garibotti, y la titular de Aysa, Malena Galmarini.
«No es un aumento de tarifas sino una redistribución de subsidios».Flavia Royón
«La segmentación ha sido pensada desde un criterio de una distribución basada en la justicia social y la equidad. Hoy el 50% de la población de mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios» afirmó Royón al presentar el esquema en el Microcine del Palacio de Hacienda.
En el mismo sentido, la secretaria explicó que «lo que se trata de plantear en esta readecuación y actualización de tarifas es que llegue el subsidio realmente a quien más lo necesita. En esta política las familias están primero, es una política distributiva con sentido social».
Así, a grandes rasgos, el reordenamiento de subsidios recaerá sobre los sectores de mayores ingresos y se mantendrán los correspondientes a la tarifa social, con una disminución paulatina en los sectores medios.
El ahorro fiscal por la readecuación tarifaria implica, en los números preliminares, un recorte que oscila entre «0,4/0,5%» del PBI para el 2023, en tanto que para los meses que restan este año «será un tercio» del cálculo anual, según explicó Raúl Rigo.
La segmentación respeta el criterio fijado en el decreto 332/2022, por el que se establecen tres niveles de usuarios según su capacidad económica, que pasará a complementarse con el criterio establecido según niveles de consumo.
