La reunión entre el ministro de Economía y la titular de la Anses se dio en el marco de un nuevo bono que el Gobierno nacional otorgará este mes para reforzar el ingreso de los jubilados y jubiladas, que se dará a conocer el miércoles en ocasión de presentarse el Índice de Movilidad Jubilatoria.
«Nos reunimos con la Directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo para ultimar detalles de los anuncios del miércoles para los jubilados y jubiladas», informó el ministro en su cuenta de Twitter.
El Gobierno nacional otorgará este mes un nuevo bono para reforzar el ingreso de los jubilados, que se dará a conocer el 10 de agosto en ocasión de presentarse el Índice de Movilidad Jubilatoria.
El bono que pagará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a jubilados se aplicará junto al aumento de las jubilaciones previsto para septiembre.
El 10 de agosto «se va a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que ayude a los jubilados para superar el daño que les produce la inflación», explicó Massa al presentar las primeras medidas económicas de su gestión.
Conforme con lo dispuesto por la Ley de Movilidad, la Anses anunciará este mes el incremento para el próximo trimestre en las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales.
El incremento se basa en el cálculo establecido por la ley de Movilidad, que actualiza los montos en base a un coeficiente elaborado en partes iguales por la recaudación previsional y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
A mediados de mayo pasado, el organismo anunció el incremento del 15% para junio-agosto que llevó el haber mínimo jubilatorio a $37.524,96, y la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, a $7.332.
Los anteriores ajustes fueron de 8,07% para el trimestre marzo-mayo de 2021, 12,12% para junio-agosto, 12,39% para septiembre-noviembre, 12,11% para diciembre de 2021-febrero de 2022 y 12,28% para marzo-mayo de este año.
Asimismo, Massa anticipó que convocará a las entidades gremiales empresariales y sindicales para «asegurar un mecanismo que permita recuperación de ingresos de los trabajadores del sector privado» y adelantó » una política de reordenamiento de los programas sociales».
