Diego Luciani consideró que el ex presidente Néstor Kirchner y la actual vicepresidenta «establecieron un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz».
El fiscal Federal Diego Luciani denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
“Al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente haya conocido el país”, disparó.
Luciani aclaró que “lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación, capacidad de acción merced a una división de roles perfectamente organizada”.
Aunque el juicio tiene 13 imputados, a menudo el fiscal le habló directamente a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, incluso en sus momentos de mayor vehemencia durante el alegato.
La etapa inicial del alegato, que compartió con el fiscal adjunto Sergio Mola, consiguió el efecto de impacto por la dureza de la acusación y el aporte de una prueba que sorprendió a los abogados de las defensas: la extracción de unos 26 mil mensajes del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, a quien Luciani todo el tiempo referenció con el “episodio de los bolsos”.
El fiscal invocó incluso declaraciones del actual presidente, Alberto Fernández, cuando explicó su salida de la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En ese sentido, recordó que una de las razones de Alberto Fernández fue “por lo que está pasando en la obra pública”.
En su primera jornada de alegato, Luciani le respondió directamente a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien al declarar en indagatoria había descripto al tribunal como “del lawfare” y tras elucubrar que tenía “la condena escrita”, desafió: “no me interesa”.
“Si a la vicepresidenta no le interesa, a este Ministerio Público, que tiene la representación de la sociedad, sí le interesa, y también le interesan los daños inconmensurables que se generaron con la paralización de las obras”, le respondió.
Luciani señaló al ex matrimonio presidencial y a su «amigo Lázaro Báez» como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.
Sobre Báez, el fiscal hizo hincapié en su condición de empleado bancario y monotributista hasta antes de la asunción de Néstor Kirchner en la presidencia, y su exponencial crecimiento empresario en los años posteriores.
Ese crecimiento, dijo Luciani, fue producto del “pacto espurio” que le adjudicó, que no sólo consistió en obtener de manera amañada –siempre según el alegato- sino también en el aprovechamiento de situaciones de crisis de empresas competidoras para quedarse con ellas y virtualmente monopolizar la obra pública en Santa Cruz.
Luciani describió esa situación a lo largo de los 12 años y medio de gobierno del kirchnerismo, pero sorprendió con la exhibición de mensajes de texto y de Whatsapp extraídos del teléfono celular secuestrado al José Francisco López cuando fue detenido, tras el episodio de los bolsos.
Según interpretó el fiscal, el contenido de esos mensajes muestra la existencia de un plan que denominó “limpiar todo” –pese a que no apareció esa frase textual en las pruebas exhibidas- antes del cambio de gobierno.
Ello, dijo, incluía abandonar las obras públicas que tenía adjudicada y que debía completar: “no les interesaba la obra sino extraer dinero del erario”.
“Serían miles y miles de millones de pesos tirados a la basura. Y sin embargo, a pesar del colosal perjuicio, Lázaro Báez en connivencia con el resto decidieron abandonar las rutas, crear caos y confusión para intentar responsabilizar a la gestión entrante y montarse en esta película de la persecución”, sostuvo.
“Esa fue la meta, el objetivo, sin importarle el enorme daños que estaban generando. Eso trajo aparejado un enorme perjuicio a la provincia de Santa Cruz, en especias con los trabajadores despedidos”, argumentó y lo justificó con la exhibición de notas periodísticas “que ilustran el caos que se generó”.
El fiscal también advirtió sobre la “ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito”.
El Ministerio Público Fiscal, dijo, “tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”.
“Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes del estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos”, dijo el fiscal en las primeras tres horas de su alocución ante el Tribunal Oral Federal que celebra el juicio.
Luciani, además, fustigo a la UIF por haber desistido de la acusación y no haber explicado en su alegato por qué no tomo en cuenta la «profusa prueba» producida durante el debate.
Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Los alegatos comenzaron el 11 de julio con la UIF, que pidió la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados.
“Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, sostuvo el abogado Leandro Ventura.
La UIF solo pidió penas menores para los funcionarios de vialidad de Santa Cruz por considerar que incumplieron sus funciones porque informaron que las obras en la provincia estaban terminadas cuando en rigor no fue así.
